Estigma y falta de accesibilidad en la justicia

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    [post_content] => [vc_row][vc_column][vc_column_text css=""]El acceso a la justicia no es igual para todas las personas. Quienes tienen un problema de salud mental encuentran multitud de trabas y barreras, razón por la cual, en ocasiones, son discriminadas y terminan por desistir. La institucionalización, la falta de adaptabilidad de los procesos judiciales a las circunstancias de las personas y la no regulación de la accesibilidad psicosocial favorecen las vulneraciones de derechos en España. En cambio, la persona facilitadora procesal es una figura de apoyo novedosa llamada a extenderse.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="148527" img_size="full" add_caption="yes" onclick="link_image" css=""][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text css=""]En la calle, colegios y universidades, centros de trabajo, centros de salud… Y, sí, también en los juzgados. Las gafas con las que la sociedad mira a las personas con problemas de salud mental están todavía impregnadas de estigma, ideas preconcebidas y prejuicios sobre cómo son, actúan, sienten y piensan. “El ámbito de la justicia no es ajeno al estigma. Estas personas tienen que enfrentar múltiples situaciones de desigualdad y discriminación que, a menudo, ni siquiera son percibidas como tales”, explica Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.

Cuando la persona acude a la justicia, se encuentra con un sistema y un colectivo profesional insensibilizados ante la salud mental, paternalistas, invalidantes e inadaptados a sus circunstancias. Ante estas dificultades, la persona puede optar por tirar la toalla. La gravedad del asunto reside en que “el acceso a la justicia es un derecho humano que constituye un cauce esencial para hacer efectivos los demás derechos y libertades”, recalca Muñoz.[/vc_column_text][vc_column_text css=""]

“El acceso a la justicia es un derecho humano que constituye un cauce esencial para hacer efectivos los demás derechos y libertades”

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=""]El desconocimiento de la accesibilidad psicosocial —asociada a las personas con problemas de salud mental— implica una serie de barreras que contribuyen a generar tensión durante los procesos judiciales. Las visibles son arquitectónicas, de señalética o tales como la brecha digital. Entre las invisibles están la falta de información clara y accesible, la comunicación no adaptada, horarios y esperas incompatibles con sus necesidades, realizar las preguntas generando sensación de presión u hostigamiento, o impedir que se expresen libremente, con el pretexto de protegerlas. “Es esencial que se regule la accesibilidad psicosocial como una dimensión más de la accesibilidad universal”, destaca Muñoz.

Sus testimonios como personas investigadas, perjudicadas o testigos pueden invalidarse por el hecho de tener un problema de salud mental; una falta de credibilidad que se acrecienta en mujeres. Esta discriminación conlleva que muchas personas con problemas de salud mental no pidan los apoyos que necesitan, para no reconocer su trastorno y encontrarse en desventaja.

Por otra parte, cuando existe una institucionalización en centros residenciales u hospitales psiquiátricos, la reivindicación de los propios derechos se identifica con "rebeldía" o “manifestación de síntomas”, lo que propicia el aumento de medidas coercitivas o farmacológicas. En este caso, la persona prefiere no reclamar sus derechos para no complicar las cosas. Además, la falta de coordinación efectiva entre los órganos judiciales y los servicios sociosanitarios y el incremento de juicios rápidos agravan la situación.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text css=""]Salvador Rivera Boiza, integrante del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de SALUD MENTAL ESPAÑA y socio de la Asociación Salud Mental Ciudad Real (APAFES), ha sufrido discriminación en varios ámbitos, especialmente durante su trayectoria profesional como policía nacional. “El detonante de mi problema de salud mental fue todo el miedo fundado por las amenazas que sufría en el trabajo. Y el acoso laboral, un agravante de todo ello. Así como haber sufrido tanto atentado contra agente de la autoridad, agresiones físicas y verbales y presión social, incluso de médicos, durante mis tratamientos”, relata. Cuenta que temió por su integridad física y sintió “indefensión total”. Como consecuencia, dejó de ejercer, pero “no me atreví a denunciarlo por falta de apoyos y miedo al proceso judicial, al tener una condición social desigual y desfavorable”, expresa. Actualmente, continúa en terapia para afrontar las secuelas emocionales de lo vivido.[/vc_column_text][vc_column_text css=".vc_custom_1784277861045{background-color: #f2f2f2 !important;}"]

“No me atreví a denunciarlo por falta de apoyos y miedo al proceso judicial, al tener una condición social desigual y desfavorable”.

[/vc_column_text][vc_column_text css=""]También vivió un trato estigmatizante en un juicio al que acudió en calidad de perjudicado por daños en su piso y que acabó ganando. “Iba yo de denunciante y terminé con la sensación de ser el acusado por tener el problema de salud mental”, explica. No tuvo ningún apoyo más que el del abogado de su seguro, quien recalcó que tenía una severa incapacidad laboral, a lo que el juez dijo, sí, pero no está incapacitado judicialmente, “como si me pudiera imputar algo”, explica. Recuerda sentirse presionado por ambas partes. Rivera denuncia el sufrimiento y la injusticia social que estas situaciones le han producido, a pesar de lo cual “sigo dignamente con mi vida y llevo la honradez como bandera”, añade.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU insta a los Estados a garantizar el acceso a la justicia en todas las fases, así como a promover la capacitación del personal de justicia, incluido el policial y penitenciario. La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica aspira a cambiar el sistema actual, predominado por la sustitución en la toma de decisiones, por otro basado en el respeto a los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona. Sin embargo, la mera entrada en vigor de la norma no ha supuesto la desaparición de los múltiples obstáculos.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="148530" img_size="full" add_caption="yes" onclick="link_image" css=""][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=""]La Confederación reivindica que se cree una red de figuras de apoyo lo suficientemente amplia como para posibilitar una intervención graduada en función de las necesidades de la persona en cada momento. Se trata de generar un sistema flexible, proporcional y adaptado al tipo de discapacidad y circunstancias concretas de la persona.

La figura de la persona facilitadora judicial es una de las muchas e importantes novedades que trajo la Ley 8/2021. La Comunidad de Madrid ha sido el primer territorio en regularla para dar apoyo a personas con discapacidad en sus sedes judiciales, juzgados adscritos a alguno de los 21 partidos judiciales de la región, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia. La Federación Salud Mental Comunidad de Madrid, a través de su Oficina de Defensa de Derechos de las Personas con Problemas de Salud Mental, y CERMI Madrid han logrado, con sus reivindicaciones, que esta figura —en un principio, diseñada para atender las necesidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo— se extienda a todas las personas con discapacidad, sin importar su tipo.

La persona facilitadora acompaña a las personas con algún tipo de discapacidad en cualquier procedimiento y/o fase judicial para servir de puente entre el juez o la jueza y la persona con discapacidad, en aras de que esta última comprenda el proceso en el que se encuentra y disponga de los ajustes individualizados que requiera. SALUD MENTAL ESPAÑA defiende que sea un servicio público gratuito, circunscrito a todas las fases de los procedimientos judiciales, incluidos aquellos extrajudiciales que interfieran en el derecho de acceso a la justicia de la persona, como son los policiales, notariales, registrales, medios alternativos de resolución de conflictos y cualquier otra manifestación de la justicia preventiva. La colaboración con asociaciones de personas con problemas de salud mental y sus familias supone un valor en el desarrollo de esta figura.

Se trata de pequeños avances que marcan la diferencia, aunque es preciso que los poderes públicos impulsen un debate “que trascienda los discursos basados en el prejuicio o en la falta de medios, sitúe a la persona en el centro y adopte con contundencia un enfoque de derechos humanos”, añade la jurista Muñoz.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=""]Artículo publicado en el nº 2 de la Revista Encuentro, 2025.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/4"][vc_btn title="VOLVER A NOTICIAS" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#ffffff" gradient_custom_color_2="#ffffff" gradient_text_color="#005b50" shape="square" align="center" i_icon_fontawesome="fa fa-chevron-circle-left" add_icon="true" link="url:%2Fnoticias%2F|title:NOTICIAS||"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][/vc_row]
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    [post_excerpt] => Artículo sobre la discriminación en el acceso a la justicia que sufren las personas con problemas de salud mental en España. Publicado en el nº 2 de la Revista Encuentro del año 2025.
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Stigma and lack of accessibility in justice

Article about discrimination in access to justice suffered by people with mental health problems in Spain. Published in No. 2 of Encuentro Magazine in 2025.

Access to justice is not equal for all people. Those who have a mental health problem encounter a multitude of jobs and barriers, which is why, sometimes, they are discriminated against and end up giving up. Institutionalization, the lack of adaptability of judicial processes to people’s circumstances and the non-regulation of psychosocial accessibility favor violations of rights in Spain. On the other hand, the procedural facilitator is a novel support figure called to extend itself.

On the streets, schools and universities, workplaces, health centers… And, yes, also in the courts. The glasses with which society views people with mental health problems are still impregnated with stigmapreconceived ideas and prejudices about how they are, act, feel and think. «The field of justice is no stranger to stigma. These people have to face multiple situations of inequality and discrimination that, often, are not even perceived as stories,» he explains. Irene Muñoz Escandelllegal advisor and coordinator of the Commission for the Defense of Human Rights of the SPAIN MENTAL HEALTH Confederation.

When the person goes to court, they find a system and a professional group that is insensitive to mental health, paternalistic, disabling and unadapted to their circumstances. Faced with these difficulties, the person can choose to throw in the towel. The seriousness of the matter lies in the fact that “access to justice is a human right that constitutes an essential cause for making other rights and freedoms effective,” Muñoz emphasizes.

“Access to justice is a human right that constitutes an essential channel to make other rights and freedoms effective”

The ignorance of the psychosocial accessibility —associated with people with mental health problems— implies a series of barriers that contribute to generating tension during judicial processes. The visible ones are architectural, signage or stories like the digital divide. Among the invisible ones are the lack of clear and accessible information, non-adapted communication, schedules and waiting times that are incompatible with their needs, asking questions generating a feeling of pressure or harassment, or preventing them from expressing themselves freely, with the pretext of protecting them. “It is essential that psychosocial accessibility be regulated as another dimension of universal accessibility,” highlights Muñoz.

Their testimonies as people investigated, harmed or witnesses can be invalidated due to the fact that they have a mental health problem; a lack of credibility that increases in women. This discrimination means that many people with mental health problems do not ask for the support they need, so as not to recognize their disorder and find themselves at a disadvantage.

On the other hand, when there is institutionalization in residential centers or psychiatric hospitals, the demand for one’s rights is identified with «rebellion» or «manifestation of symptoms», which encourages coercive measures or pharmacological increases. In this case, the person prefers not to claim their rights to don’t complicate things. Furthermore, the lack of effective coordination between judicial bodies and social-health services and the increase in quick trials aggravate the situation.

Salvador Rivera Boizamember of the First Person Mental Health Committee of SALUD MENTAL ESPAÑA and member of the Ciudad Real Mental Health Association (APAFES)He has suffered discrimination in several areas, especially during his professional career as a national police officer. «The trigger for my mental health problem was all the fear based on the threats I suffered at work. And workplace harassment, an aggravating factor of all of this. As well as having suffered so many attacks against law enforcement officers, physical and verbal attacks and social pressure, even from doctors, during my treatments,» he says. He says that he feared for his physical integrity and felt “total helplessness.” As a consequence, he stopped practicing, but “I did not dare to report it due to lack of support and fear of the judicial process, having an unequal and unfavorable social condition,” he says. Currently, he continues in therapy to face the emotional consequences of what he experienced.

“I did not dare to report it due to lack of support and fear of the judicial process, having an unequal and unfavorable social condition.”

He also experienced stigmatizing treatment in a trial he went to as a victim of damage to his apartment and which he ended up winning. “I was the complainant and I ended up feeling like I was the accused for having a mental health problem.”explains. He had no support other than his insurance lawyer, who stressed that he had a severe work disability, to which the judge said, yes, but he is not judicially incapacitated“As if he could accuse me of something,” he explains. Remember to feel pressure from both sides. Rivera denounces the suffering and social injustice that these situations have caused him, despite which “I carry on with my life with dignity and carry honesty as a flag,” he adds.

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities urges States to guarantee access to justice at all phases, as well as to promote the training of justice personnel, including police and prison personnel. The Law 8/2021, of June 2, which reforms civil and procedural legislation to support people with disabilities in the exercise of their legal capacity aspires to change the current system, dominated by substitution in decision-making, for another based on respect for the rights, will and preferences of the person. However, the mere entry into force of the rule has not meant the disappearance of multiple obstacles.

The Confederation demands that a red support figures broad enough to enable a graduated intervention based on the person’s needs at all times. It is about generating a flexible, proportional system adapted to the type of disability and specific circumstances of the person.

The figure of the judicial facilitator It is one of the many important novelties that the Law 8/2021. The Community of Madrid has been the first territory to regulate it to provide support to people with disabilities in its judicial headquarters, courts attached to one of the 21 judicial districts of the region, the Provincial Court and the Superior Court of Justice. The Community of Madrid Mental Health Federationthrough its Office for the Defense of the Rights of People with Mental Health Problems, and CERMIMadrid They have achieved, with their demands, that this figure – initially designed to meet the needs of people with intellectual or developmental disabilities – is extended to all people with disabilities, regardless of their type.

The facilitator accompanies people with some type of disability in any judicial procedure and/or phase to serve as a bridge between the judge and the person with a disabilityin order for the latter to understand the process they are in and have the individualized adjustments they require. MENTAL HEALTH SPAIN advocates that it be a free public service, limited to all phases of judicial procedures, including extrajudicial procedures that interfere with a person’s right of access to justice, such as police, notarial, registry, alternative means of conflict resolution and any other manifestation of preventive justice. Collaboration with associations of people with mental health problems and their families is valuable in the development of this figure.

These are small advances that make a difference, although it is necessary for public powers to promote a debate “that transcends discourses based on prejudice or lack of means, places the person at the center and forcefully adopts a human rights approach,” adds jurist Muñoz.