WP_Post Object
(
[ID] => 127549
[post_author] => 2
[post_date] => 2024-07-23 09:50:08
[post_date_gmt] => 2024-07-23 07:50:08
[post_content] => [vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text css=""]La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA acaba de publicar su ‘Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental, 2023’, en el que, por noveno año consecutivo, y a través de la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, expone las vulneraciones de los derechos de las personas con problemas de salud mental. Amparado por la tarea del Observatorio Estatal de Salud Mental, Derechos e Igualdad de SALUD MENTAL ESPAÑA; coordinado -a su vez- por la Asesoría Jurídica de la Confederación, con la colaboración de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación, este material se distingue de los anteriores porque pretende marcar una guía. Es decir, se propone arribar a un discurso genuinamente ético, a partir de un pensamiento desprovisto de prejuicio y estigma.
En esta ocasión, el estudio -realizado en sucesivas ediciones, desde 2015-, recoge datos significativos del año 2023, con un añadido reflexivo. Como señala el presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, Nel González Zapico, “se pone a disposición el recurso práctico, pero también se ofrecen pensamientos para que, como sociedad, evolucionemos en derechos”. Al respecto, explora que se trata de “aquellos derechos que las personas con problemas de salud mental siguen sin ejercitar, ya que no se dan las garantías reales que lo posibiliten”.
Este informe da cuenta de que el cuidado de la salud mental se explica en el ejercicio de los derechos de cada uno y cada una; y se diluye cuando estos derechos son vulnerados. En términos de la generación de buenas prácticas, el objetivo de esta publicación es que las personas con problemas de salud mental y su entorno conozcan cuáles son sus derechos, comprendan cómo hacerlos valer, e identifiquen qué instrumentos jurídicos y sociales están a su disposición para que ello ocurra. Asimismo, este trabajo es un llamado a un revisionismo de cada uno y cada una, sin autocomplacencias, de cara a la generación de mecanismos sociales y burocráticos justos.
El documento recoge vulneraciones de derechos que se dan en los territorios a lo largo de todo un año, desde una mirada holística. Se consolida, de este modo, una herramienta que pretende fortalecer las garantías en toda actividad de las personas que tienen un problema de salud mental. Desde esta hoja de ruta, se abordan las implicaciones del edadismo, se denuncia el trato discriminatorio de los seguros y muchas entidades bancarias hacia las personas con problemas de salud mental, y se dedica un apartado completo a los derechos de la infancia y otro a la prevención del suicidio.
Por su parte, Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, explica lo fundamental de pasar de la reacción a la iniciativa.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="127546" img_size="full" onclick="custom_link" img_link_target="_blank" css="" link="https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-derechos-humanos-salud-mental-2023/"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=""]“Este informe viene a introducir visión, pensamiento, reflexión sobre las bases que necesitamos para la cobertura de nuestros derechos”, plantea Muñoz Escandell. Y asegura que, “sin esa mentalidad, no hay norma que pueda ser modificada; si hablamos de derechos, necesitamos estas reflexiones que ayuden a crear instrumentos que habiliten a las personas a ejercitarlos”.
Tal y como recoge este documento, en primer lugar, se necesitan intervenciones públicas efectivamente orientadas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental en los ámbitos que constituyen los pilares básicos del Estado de bienestar: sanidad, educación y derechos sociales. Resulta fundamental la garantía pública, adecuándose las medidas a la realidad social vigente, post pandemia generada por el COVID-19, y a los retos que plantean la demografía, el clima y el mundo digital.
El informe profundiza en que, dentro de esta realidad social, ocupa un espacio especialmente destacado la atención de la salud mental, un problema que se ha revelado como aquello incómodo que ya no puede ni debe ser ignorado, un auténtico ‘elefante en la habitación’. En este sentido, SALUD MENTAL ESPAÑA señala que no hay libertad de las personas con problemas de salud mental sin garantías públicas; y urge alinear las estructuras del Estado que condicionan la vida de las personas con problemas de salud mental, con los derechos humanos.
El presente estudio pone de manifiesto que la precariedad -total o parcial- ya no es opción. En cuanto a los servicios garantizados en el Estado de bienestar, no solo han de proveer una atención de calidad a todas las personas con problemas de salud mental que los requieran, sino que, se indica en el informe, han de articular cauces eficaces para prevenir su proliferación en un sistema que ha dejado al descubierto sus debilidades.
Colectivos especialmente vulnerables
Del informe ‘La situación de la Salud Mental en España: 2023’, elaborado de forma conjunta por la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y la Fundación Mutua Madrileña, se advierte que la pandemia generada por el COVID-19 opera como una predecible bisagra en materia de salud mental, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la población española. De hecho, el mencionado estudio concluye que un 74,7% de la población considera que la salud mental de la sociedad española ha empeorado, y pone de relieve que tiene un fuerte impacto en el estado de bienestar de la persona, en todos los ámbitos de su vida.
Se identifica, así, una serie de perfiles vulnerables, como las y los jóvenes, las mujeres, las personas de clase baja y media-baja, el colectivo LGTBIQ+, las personas con dificultad para llegar a fin de mes, las personas con incapacidad laboral y las personas que consumen drogas. En este marco, el informe sobre derechos humanos que publica la Confederación hace hincapié en la necesidad de atender a estos colectivos, con medidas de carácter preventivo y asistencial, tanto desde una perspectiva sanitaria y psicoeducativa, como desde una perspectiva social y económica.
Accesibilidad psicosocial
Repasa el presente informe que el artículo número 13 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece el mandato a los Estados Parte de “asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás”. Opera aquí lo evidente de una normativa manifiesta, fusionado con lo intangible de barreras sociales, como puede ser el estigma y la discriminación. El análisis sitúa a la persona en el centro, pretende la humanización del sistema, para que este se ponga al servicio de las personas y no a la inversa.
Este documento innova y pone nombre a la ‘accesibilidad psicosocial’, entendida como la característica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten la acogida y la inclusión de las personas con problemas de salud mental, promoviendo mecanismos preventivos y de eliminación de las barreras actitudinales, contextuales, administrativas, sistémicas y simbólicas, que son alzadas por el estigma, los prejuicios y, en definitiva, el desconocimiento.
SALUD MENTAL ESPAÑA insta a un flujo ágil de políticas públicas, que vaya desde los propios servicios públicos a otras estructuras territoriales y sociales, como son las entidades del tercer sector, que acumulan una amplia experiencia, atendiendo a personas de colectivos vulnerables con personal especialmente cualificado. Se propone que, tanto en lo que respecta al trabajo privado como en el ámbito público, la tarea se haga bajo parámetros de calidad acreditables y desde la promoción de la metodología del apoyo de pares.
González Zapico reflexiona respecto de los “anclajes” que estructuran el informe, en línea con los innegociables de la Confederación, en cuanto a la participación real de todas las personas en la realidad social, la inclusión de toda diversidad, la universalidad de los servicios y recursos públicos y, desde ya, la justicia. Según el presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, para lograr esto, “la cooperación es vital”.
Diagnóstico de una realidad
En “La situación de la salud mental en España” -el mencionado estudio elaborado conjuntamente entre la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y la Fundación Mutua Madrileña-, se plasma que cuatro de cada diez personas en España (39,3%) valora de forma negativa su salud mental actual. Cientos de casos; cada uno, con una historia específica.
Y es que, en salud mental, no existe una verdad imperante; sí hay, sin embargo, un imperativo de cuidado. Se enfatiza que la salud mental es, en definitiva, la defensa de nuestros derechos: que no se sobremedique, ni se ate, ni se aísle, ni se señale a quienes transitan un trastorno. La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA reivindica la puesta en marcha de mecanismos y apoyos que garanticen la autonomía y la libertad de todas las personas, para que cada una de ellas transite su proceso vital en plenitud.
Este informe da cuenta de lo transversal que es la necesidad del cuidado de la salud mental. Que todas las personas participen de la conversación implica una vida integrada en la sociedad, desde su convivencia familiar, las relaciones sociales normalizadas, el acceso al empleo y a una formación. Porque la inclusión auténtica se da de la mano de una genuina igualdad de oportunidades. Para ello, hace falta que todos y todas partamos de las mismas condiciones. La procura del bienestar, en todos los sentidos, exige tener esto en cuenta. La causa mueve a la Confederación, con las palabras se posiciona y con las acciones consolida las reivindicaciones.
SALUD MENTAL ESPAÑA reclama que no exista una legislación especial para las personas con trastorno mental, sino que se cumplan las principales normativas que les afectan: la Ley General de Sanidad, la Ley de Autonomía del Paciente, Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Es momento de establecer cimientos fuertes. A través del ‘Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en la salud mental, 2023’, SALUD MENTAL ESPAÑA plantea que, allí donde el terreno es incierto, el desafío es edificar justicia.
Consulta la serie del Informe de Derechos Humanos en salud mental a través del sitio web del Observatorio Estatal de Salud Mental, Derechos e Igualdad.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/4"][vc_btn title="VOLVER A NOTICIAS" style="gradient-custom" gradient_custom_color_1="#ffffff" gradient_custom_color_2="#ffffff" gradient_text_color="#005b50" shape="square" align="center" i_icon_fontawesome="fa fa-chevron-circle-left" add_icon="true" link="url:%2Fnoticias%2F|title:NOTICIAS||"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][/vc_row]
[post_title] => SALUD MENTAL ESPAÑA señala que no hay libertad para las personas con problemas de salud mental sin garantías públicas
[post_excerpt] => La Confederación presenta su ‘Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental, 2023’, en el que reivindica que, para que haya ejercicio de la libertad de las personas con problemas de salud mental, se necesita de la garantía pública en los pilares del Estado de bienestar: sanidad, educación y derechos sociales. Se abordan las implicaciones del edadismo, se denuncia el trato discriminatorio de los seguros y muchas entidades bancarias hacia las personas con problemas de salud mental, y se dedica un apartado completo a los derechos de la infancia y otro a la prevención del suicidio. Asimismo, se introduce la lógica de la accesibilidad psicosocial.
[post_status] => publish
[comment_status] => closed
[ping_status] => open
[post_password] =>
[post_name] => libertad-personas-problemas-salud-mental-garantias-publicas
[to_ping] =>
[pinged] => https://consaludmental.org/centro-documentacion/informe-derechos-humanos-salud-mental-2023/
Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental: 2023
[post_modified] => 2024-07-23 10:48:54
[post_modified_gmt] => 2024-07-23 08:48:54
[post_content_filtered] =>
[post_parent] => 0
https://consaludmental.org/?p=127549 => https://consaludmental.org/?p=127549
[menu_order] => 0
[post_type] => post
[post_mime_type] =>
[comment_count] => 0
[filter] => raw
)
MENTAL HEALTH SPAIN points out that there is no freedom for people with mental health problems without public guarantees
The Confederation presents its ‘Report on the state of Human Rights in mental health, 2023’, in which it claims that, in order for people with mental health problems to exercise their freedom, public guarantees are needed in the pillars of the welfare state: health, education and social rights. The implications of ageism are addressed, the discriminatory treatment of insurance companies and many banks towards people with mental health problems is denounced, and a complete section is dedicated to children’s rights and another to suicide prevention. Likewise, the logic of psychosocial accessibility is introduced.
The SALUD MENTAL ESPAÑA Confederation has just published its ‘Report on the state of Human Rights in mental health, 2023’, in which, for the ninth consecutive year, and through funding from the Ministry of Social Rights, Consumption and Agenda 2030, they expose the violations of the rights of people with mental health problems. Supported by the task of the State Observatory of Mental Health, Rights and Equality of MENTAL HEALTH SPAIN; coordinated -in turn- by the Legal Advisory Office of the Confederation, with the collaboration of the Commission for the Defense of Human Rights of the Confederation, this material is distinguished from the previous ones because it aims to provide a guide. That is, it proposes a genuinely ethical discourse, based on a thought devoid of prejudice and stigma.
On this occasion, the study – carried out in successive editions, since 2015 – collects significant data for the year 2023, with a thoughtful addition. As the president of SALUD MENTAL ESPAÑA points out, By Gonzalez Zapico“the practical resource is made available, but thoughts are also offered so that, as a society, we can evolve in rights.” In this regard, it explores that these are “those rights that people with mental health problems continue to not exercise, since the real guarantees that make it possible are not given.”
This report shows that mental health care is explained in the exercise of the rights of each person; and is diluted when these rights are violated. In terms of the generation of good practices, the objective of this publication is for people with mental health problems and their environment to know what their rights are, understand how to assert them, and identify what legal and social instruments are at their disposal to make this happen. Likewise, this work is a call for a revisionism of each person, without complacency, in order to generate fair social and bureaucratic mechanisms.
The document compiles a holistic analysis of rights violations that occur in the territories throughout the year. This consolidates a tool that aims to strengthen guarantees in all activities of people with mental health problems. This roadmap addresses the implications of ageism, denounces the discriminatory treatment of people with mental health problems by insurance companies and many banks, and dedicates a complete section to children’s rights and another to suicide prevention.
For its part, Irene Muñoz EscandellLegal advisor and coordinator of the Human Rights Commission of the SALUD MENTAL ESPAÑA Confederation, explains the importance of moving from reaction to initiative.
“This report aims to introduce thought and reflection on the foundations we need to cover our rights,” says Muñoz Escandell. He asserts that “without this mentality, no law can be modified; if we talk about rights, we need these reflections to help create instruments that enable people to exercise them.”
As stated in this document, first of all, public interventions are needed that are effectively aimed at improving the well-being and quality of life of people with mental health problems in the areas that constitute the basic pillars of the welfare state: health, education and social rights. Public guarantees are essential, adapting the measures to the current social reality, post-pandemic generated by COVID-19, and to the challenges posed by demographics, climate and the digital world.
The report goes into detail about how, within this social reality, mental health care occupies a particularly prominent space, a problem that has proven to be uncomfortable and that can no longer and should not be ignored, a real ‘elephant in the room’. In this sense, SALUD MENTAL ESPAÑA points out that there is no freedom for people with mental health problems without public guarantees; and we urge that the State structures that condition the lives of people with mental health problems be aligned with human rights.
This study shows that precariousness -total or partial- is no longer an option. As for the services guaranteed by the welfare state, they must not only provide quality care to all people with mental health problems who require them, but, as indicated in the report, they must also articulate effective channels to prevent their proliferation in a system that has exposed its weaknesses.
Particularly vulnerable groups
From the report ‘The situation of Mental Health in Spain: 2023’, prepared jointly by the Confederation SALUD MENTAL ESPAÑA and the Mutua Madrileña Foundation, it is noted that the pandemic generated by COVID-19 operates as a predictable hinge in terms of mental health, which has become one of the main concerns for the Spanish population. In fact, the aforementioned study concludes that 74.7% of the population considers that the mental health of Spanish society has worsened, and highlights that it has a strong impact on the state of well-being of the person, in all areas of their life.
A series of vulnerable profiles are thus identified, such as young people, women, people from the lower and lower-middle classes, the LGTBIQ+ community, people who have difficulty making ends meet, people with work disabilities, and people who use drugs. In this context, the report on human rights published by the Confederation emphasizes the need to attend to these groups, with preventive measures and assistance measures, both from a health and psychoeducational perspective, as well as from a social and economic perspective.
Psychosocial accessibility
This report reviews that Article 13 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities establishes the mandate for States Parties to “ensure that persons with disabilities have access to justice on an equal basis with others”. Here, the obviousness of a manifest regulation operates, fused with the intangible of social barriers, such as stigma and discrimination. The analysis places the person at the center, intends to humanize the system, so that it is at the service of people and not the other way around.
This document innovates and names ‘psychosocial accessibility’, understood as the characteristic of environments, processes, activities, goods, products, services, objects or instruments, tools and devices that allow the reception and inclusion of people with mental health problems, promoting preventive mechanisms and the elimination of attitudinal, contextual, administrative, systemic and symbolic barriers, which are raised by stigma, prejudices and, ultimately, ignorance.
MENTAL HEALTH SPAIN calls for a smooth flow of public policies, from the public services themselves to other territorial and social structures, such as third sector entities, which have accumulated extensive experience, serving people from vulnerable groups with specially qualified personnel. It is proposed that, both in regard to private work and in the public sphere, the task be carried out under verifiable quality parameters and from the promotion of the peer support methodology.
González Zapico reflects on the “anchors” that structure the report, in line with the non-negotiables of the Confederation, regarding the real participation of all people in social reality, the inclusion of all diversity, the universality of public services and resources and, of course, justice. According to the president of SALUD MENTAL ESPAÑA, to achieve this, “cooperation is vital.”
Diagnosis of a reality
In “The situation of mental health in Spain” – the aforementioned study jointly prepared by the Confederation of MENTAL HEALTH in SPAIN and the Mutua Madrileña Foundation – it is stated that four out of ten people in Spain (39.3%) rate their current mental health negatively. Hundreds of cases; each one with a specific story.
In mental health, there is no overriding truth; there is, however, an imperative for care. It is emphasized that mental health is, ultimately, the defense of our rights: that those who are experiencing a disorder are not overmedicated, nor are they tied down, isolated, or singled out. The SALUD MENTAL ESPAÑA Confederation demands the implementation of mechanisms and support that guarantee the autonomy and freedom of all people, so that each of them can fully navigate their life process.
This report shows how transversal the need for mental health care is. That all people participate in the conversation implies a life integrated into society, from their family life, normalized social relationships, access to employment and training. Because authentic inclusion goes hand in hand with genuine equality of opportunity. To do so, we all need to start from the same conditions. The pursuit of well-being, in every sense, requires taking this into account. The cause moves the Confederation, with words it positions itself and with actions it consolidates its claims.
SALUD MENTAL ESPAÑA claims that there is no special legislation for people with mental disorders, but that the main regulations that affect them are complied with: the General Health Law, the Patient Autonomy Law, the General Law on the Rights of Persons with Disabilities and their Social Inclusion, the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). It is time to establish strong foundations. Through the ‘Report on the state of Human Rights in mental health, 2023’, SALUD MENTAL ESPAÑA states that, where the terrain is uncertain, the challenge is to build justice.
Check out the Human Rights Report series on mental health through the website of the State Observatory of Mental Health, Rights and Equality.
